UN INFORME DENUNCIA LA DEROGACIÓN ENCUBIERTA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

19 February 2014

Cuando se cumplen siete años de la aprobación de la Ley de Dependencia, diferentes organismos denuncian la falta de cobertura real y el desmantelamiento de los servicios que habían sido adquiridos. Algunos medios destacan que el Plan Socio-sanitario del Gobierno encubre un afán privatizador de la atención a la dependencia.

En su informe sobre el desarrollo territorial de la ley de Dependencia, el Observatorio Estatal de Dependencia presenta el diagnóstico de lo que supone la práctica destrucción del sistema por inanición a través de los recortes presupuestarios y de derechos que han tenido lugar en 2012 y 2013. La demolición de este sistema supone un retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, un problema que, incomprensiblemente, tiene escasísima presencia en los medios de comunicación generalistas.

El informe analiza cómo, mediante varios Reales Decretos-ley emanados directamente del Consejo de Ministros, el Gobierno central ha conseguido dos efectos inmediatos: impedir el acceso al derecho de nuevas personas dependientes y abandonar a los que están en espera de ser atendidos.

El estrangulamiento económico ha provocado que las comunidades autónomas no incorporen nuevos PIA. También se han realizado revisiones de Grado, rebajando este a personas que ya disponían del derecho a atención y situándolas en el Grado I (no atendible hasta julio de 2015). La combinación de los fallecimientos en espera de atención y de revisiones de grado a la baja ha supuesto la desaparición de más de 50.000 personas de las listas de espera, una reducción que el Ministerio presenta como una mejora.

En diversas entrevistas, el presidente de CEAFA, Koldo Serra, ha manifestado que “estamos asistiendo al desmantelamiento de la Ley de Dependencia, el denominado Cuarto Pilar del Estado del Bienestar” y que “no podemos permitir que se desmantele el Sistema Nacional de Salud”. En este sentido, ha denunciado que las “reformas que repercuten directamente sobre los propios pacientes no pueden ser aceptados por las Asociaciones”.

Para descargar el informe, clicar aquí.

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